¿Quién dice que estamos –únicamente- en la era de las privatizaciones? ¡Nada más alejado de la realidad! Es verdad que llevamos por lo menos dos décadas viendo el traspaso de los activos del Estado a manos privadas, pero al mismo tiempo y sin que nos demos cuenta, en este proceso también se están realizando una impresionante cantidad de nacionalizaciones. ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡Sacrilegio! ..
Sin embargo aclaremos algo: sólo un rey francés, imbuido de ardores absolutistas enfermizos, pudo decir “el Estado soy yo”,,, porque no se refería a que él asumía las deudas de sus ciudadanos. Eso, jamás. En materia tributaria y en todo lo que son deudas nacionales, el Estado delega, presta y generosamente en los ciudadanos. Es probable que ésta sea la única primacía que obtiene el “demos” frente el poder, casi en cualquier país y por más maltrecha que esté su demo-cracia.
Pero como no somos ni reyes, ni franceses, y como no tenemos el poder pero sí tenemos muchas deudas nacionales y una democracia que no sabemos si sufre dolores de parto o de agonía, tenemos el agobiante privilegio de sentirnos aludidos cada vez que se mencione al Estado: somos nosotros.

Quiebras de Bancos. Cada vez que se produce la quiebra de un banco, sobre todo aquellos estrechamente relacionados con los grandes negocios nacionales de la producción, exportación e importación, los Estados, de una u otra manera, tienen que “nacionalizar” las pérdidas porque para poder devolver los fondos a los depositantes y evitar desequilibrios financieros y/o sociales mayores, de algún lugar tiene que salir el dinero. Y sale del Estado.
En los países pobres y ya endeudados ¿de dónde se puede sacar dinero? No hay otra alternativa que recurrir a nuevos impuestos o a préstamos ante entidades financieras internacionales, que lógicamente habrá que devolver. De tal manera que, al final de la cadena, los contribuyentes terminarán pagando la nueva deuda contraída para asumir una quiebra en la que, siendo los primeros afectados, no tuvieron ni arte ni parte.
Por otra parte, como sabemos que en nuestros países el sistema tributario es de una justicia diáfana, resulta que es la inmensa mayoría pobre del país el sector que más aporta al bolsillo del Estado, a través del impuesto directo, que no está jamás condicionado por ninguna exoneración de privilegio.
En el caso específico de Nicaragua, el actual caso de la exoneración de impuestos de productos de la canasta básica -que son el fruto de transacciones políticas muy precarias y no el resultado de una formulación tributaria amplia, consensuada y profundamente equilibrada- se ve que la mano invisible del mercado se encarga de castigar este “libretazo político” modificando los precios de los productos de mayor consumo. Es decir que la gente no pagará impuestos sobre los productos, pero terminará pagando más caro el producto mismo.

Privatizaciones. Toda vez que se privatizan recursos del Estado, se hacen maniobras previas que consisten en: a) quebrar o endeudar estas áreas de tal manera que el futuro comprador las adquiere a precio de cacahuetes (por eso nunca faltan compradores); y b) promover una especie de consenso irrefutable de que “el Estado es incompetente” para administrar seriamente tales recursos y por lo tanto tienen que ser transferidos a manos privadas.
Resulta absolutamente extraordinario que muchas personas puedan llegar a creer cándidamente que recursos valiosísimos y servicios estratégicos, generadores de ganancias cuantiosas, puedan ser administrados santa y cristalinamente por manos privadas que en todos los casos manejan simultáneamente capitales de otras empresas multinacionales cuyo único y filantrópico fin es el lucro individual y la acumulación de capital para jugar al póker bursátil.
Es así como, al vender empresas nacionales en estas condiciones, el Estado “nacionaliza” nuevamente las pérdidas, porque nosotros, –toda la ciudadanía- ya hemos contribuido durante años –o generaciones- a construir y desarrollar esos sectores, con nuestro trabajo e impuestos, con los esfuerzos y sacrificios que regularmente exigen los gobiernos uno tras otro, obedeciendo a exigencias externas. Es decir, se privatizan las ganancias y se nacionalizan las pérdidas.

Subsidios y Proteccionismo. Los campeones internacionales del libre comercio interno y del libre mercado internacional, inspirados en los dogmas del neoliberalismo, le imponen a los países del mundo que quieren entrar a ese club, que respeten esas reglas, pero que no se las exijan a ellos.
Tres economías fuertes mundiales, como Estados Unidos, Europa y Japón, invierten centenares de miles de millones de dólares anualmente para subsidiar sus productos agro-exportables, y al mismo tiempo tejen una red arancelaria y administrativa que frena selectivamente la entrada de productos de los mercados periféricos.
Cuando nuestros Estados aceptan reglas de juego tan desiguales con el sólo estímulo de “competir” con estos campeones, “nacionalizan” la diferencia entre el costo de los productos importados desde estos países y los exportados por los nuestros, haciéndole cargar a los productores nacionales la brecha entre uno y otro.
¿Cómo asume el productor esa diferencia para poder sobrevivir “competitivamente”? Recurre al secular método de bajar más el costo de la mano de obra (caída de salarios), exigir más horas trabajadas, recortar los servicios y la protección social de sus empleados, evadir impuestos o, finalmente, despedir parte de sus empleados.
Esto, espontáneamente, prepara los batallones de obreros resignados que emigran a zonas urbanas y aceptan cualquier condición laboral en las maquilas. Aún así, esta “nacionalización” de la inequidad importadora-exportadora es una de las causas que lleva cada vez más a la quiebra a los pequeños y medianos productores. Sobre sus tierras hipotecadas se abalanzan buitres que hablan otro idioma y se las tragan como presas agonizantes.
Este es un río revuelto cuyas aguas se enturbian por causas exógenas perfectamente identificables, y no por unas leyes endógenas que se pretende imponer como “naturales”.

Privilegios a Zonas Francas. En materia tributaria, lo que no pagan unos, lo tienen que pagar otros. Lo que evaden algunos, lo asumen todos. El asunto está en cómo se reparten las cargas.
Todo lo que las zonas francas y las maquiladoras no pagan –por estar ampliamente exonerados- en términos de obligaciones tributarias o de valor agregado, lo paga el Estado. Ejemplos locales (invito al lector internacional a ilustrar con su propio paisaje). En Nicaragua, los rubros norteños del tabaco o las diversas maquiladoras textileras que retiran elevadísimas ganancias de sus productos (gracias a una mano de obra barata, a una gran desprotección social y médica y a un ritmo de trabajo durísimo), dejan que las comunidades asuman los siguientes costos: las enfermedades a largo plazo que dejan estos trabajos en obreros y obreras que son despedidos aún jóvenes, antes de que empiecen a ser “una carga”.
Esas enfermedades tendrán que ser asumidas por el Estado, en términos de hospitalización (cada vez más hipotética) o en su costo social a largo plazo (cada vez más evidente). Por otro lado, hay importantes cantidades de agroquímicos que emplea la producción tabacalera que, por efecto del abundante riego superficial (aún en período de sequía), penetran en el manto acuífero.
No sólo esto provoca desequilibrios fisiológicos en las personas que ingieren aguas superficiales sin tratamiento, sino que las Alcaldías tienen que invertir mayores recursos para la potabilización del agua destinada a la población. Es decir que, otra vez, el Estado “nacionaliza” todos los efectos negativos de estas zonas francas, dejándoles los beneficios. ¿Por qué? Por el inescrupuloso argumento de que producen empleo. Pero: ¿qué empleo y a qué costo? Además, este sector emplea sólo el 5% de la Población Económicamente Activa (PEA). (Fuente: Cipres)
Sí, como decía al principio, van dos décadas consecutivas de traspaso de activos a manos privadas. Por otro lado, todos los informes internacionales serios y ponderados (Latinobarómetro, PNUD, CEPAL, e incluso el Banco Mundial y el BID), y por lo tanto irrefutables por uno u otro sector político o ideológico, coinciden en que las dos últimas décadas registran en más del 50% de la población (centenares de millones de personas) de América latina, una regresión general de los índices de desarrollo y calidad de vida: económicos, sociales, educativos, esperanza de vida, etcétera. Con todo esto, de repente, no sé por qué, tengo ganas de decir una mala palabra: neoliberalismo... (Perdón, se me escapó.)
Yo quisiera que alguien de una vez me desengañara de todas estas cosas.
No soy experto o asesor especializado, no gano grandes salarios, sólo soy un ciudadano que observa, lee y escribe.
Estoy dispuesto a que alguna persona más autorizada refute en estas mismas páginas lo que expongo. Si hay cifras elocuentes, adelante, así yo traeré a colación las mías. Y si al final me convencen, prometo que no diré más malas palabras.

PreOp11

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